El Grupo Parlamentario de Mujeres organizó el foro “Legislación por una Justicia de Género”, cuyo objetivo era crear estrategias de cabildeo legislativo para la promoción de legislación de género y así, a futuro, definir estrategias de cabildeo legislativo para promover más leyes en favor de las mujeres.

En la actividad participaron representantes de instituciones del Estado, tales como Fiscalía General de la República (FGR), Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Procuraduría General de la República (PGR), así como representantes de la sociedad civil, quienes conocieron las normativas que privan sobre el tema en Colombia, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua.

El experto en legislación iberoamericana, Rodrigo Jiménez, manifestó la importancia de legislar en materia de paternidad responsable, Ley de penas alternativas de libertad a mujeres privadas de libertad, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres y análisis del artículo 77 de la Ley de estupefacientes de Costa Rica y su posible aplicación en nuestro país.

En materia de paternidad, el análisis se enfocó en la necesidad de legislar para que las madres solteras soliciten un ADN, una vez nazca el hijo o hija que lleva en el vientre. Con esta modalidad, y al tenerse los resultados del análisis, se daría inicio a una investigación del sujeto, a fin de lograr que los padres asuman la responsabilidad paterna.

“Este es un ejemplo de lo que sucede en Costa Rica, donde una vez comparado los resultados, que en un 95% dan positivo, se cita a los padres que eluden dicha obligación y si no se presentan, se da por sentada su paternidad y se siguen el proceso de ley”, señaló Jiménez.

Para la Procuradora de General de la República, licenciada Sonia Cortés de Madriz, éste sería un avance en la legislación local. “Si en el caso, la persona inculpada se presentare a las autoridades y no estuviere de acuerdo con el examen perital, se realiza una audiencia ante el juez para realizar una nueva prueba; tras la cual, al incriminado se le notifica de sus compromisos, a partir de ese momento”, indicó.

También se dio a conocer legislación relacionada a las mujeres que reciben condena de hasta ocho años por intentar introducir drogas a los penales. Según la Fiscal Adjunta, Patricia Velázquez, en este caso, se intenta bajar la pena, porque se ha comprobado que la mujer es obligada por su pareja a realizar el acto ilegal; se conoció en ese marco que el 65% de las privadas de libertad por este delito son mujeres, lo que para ellas, representa una discriminación.

No obstante, la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Doris Luz Rivas, consideró que no debe pensarse en más legislación, sino en aplicar bien las leyes existentes, donde ya existen estos beneficios. Por el contrario, le sugirió a la Fiscalía hacer bien el trabajo de investigación y definir antes de juzgar, si la mujer efectivamente fue conminada a realizar la acción delictiva.

Por su parte, la diputada Ana Marina Castro, presentó los avances que el GPM ha alcanzado durante la presente legislatura, entre los que destacó las propuestas de reformas a los diferentes cuerpos de ley, a fin de adecuarlos a las leyes de segunda generación aprobadas por la Asamblea Legislativa, como son la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.

El Grupo Parlamentario de Mujeres agradeció los aportes de las representantes de la PGR, FGR y de la CSJ. “Las mujeres son un motor para lograr cambios en la legislatura, erradicar la paternidad irresponsable y castigarla penalmente”, fueron parte de las palabras de la parlamentaria Ana Marina Castro en nombre del GPM.